Cordial saludo, 
María Inés Villamil Flórez 
Asesora Secretaría Privada.

• Dr. ANDRÉS PASTRANA, Presidente de la República de Colombia, Palacio de Nariño, Fax 0057 571 3341940; tel. 00557 571 2843300 - 2121217 Bogotá. e-mail: pastrana@presidencia.gov.co 
• Dr. GUSTAVO BELL LEMUS, Consejero Presidencial para los Derechos Humanos - Bogotá.
• Dr. FERNANDO CASTRO CAICEDO, Defensor del Pueblo, fax 0057 571 3461225; tel. 0057 571 2179900 - 2121217 Bogotá.
• Dr. HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA, Ministro del Interior, Fax 0057 571 2515884

Respetado Sr. Presidente,
La Asociación para la Defensa de los Pueblos Amenazados está consternada por las noticias que nos llegan desde Colombia y nos dejan con la sensación de que hay una guerra no declarada en contra de los pueblos indígenas de Colombia. Reconocemos que los actores no sólamente se recrutan de parte del gobierno y de la administración, sino también de parte de los paramilitares y las guerrillas. Sin embargo, como máximo representante del poder ejecutivo, le cae la responsibilidad para mantener el orden constitucional y entonces nos permitimos centrar su atención a los siguientes hechos.

I. El pueblo Embera
Parte del pueblo Embera (Katío) se ha enfrentado hace años al proyecto hidroeléctrico URRA. Después de una ardua lucha por sus derechos territoriales y por la mitigación de los impactos lograron al fin y al cabo un acuerdo con su gobierno en el més de abril del año corriente. Vale la pena de poner énfasis al hecho de que la implementación de todos los derechos protegiendo la integridad e identidad de los Embera requería un largo camino de movilizaciones y resistencia, hasta la toma del Ministerio del Medio Ambiente, antes de llegar al acuerdo mencionado. Durante todo el tiempo se presentaron irregularidades por parte de las instituciones estatales – como la Alcadía de Tierralta o el Ministerio del Medio Ambiente – y también por parte de la empresa URRA S.A., hasta asesinatos particularmente por parte de los paramilitares presionando a los Embera para que no resistirían más al proyecto. Sumándose los hostigamentos por parte de las FARC, regía una situación de permanente incertidumbre que no permitía poner las reivindicaciones y discusiones de una manera apropiada. A pesar de los muchos atropellos, los Embera lograron salvar gran parte de sus derechos; y tenían que pagarlo caro. 

Además, desde marzo de 1987 hasta noviembre de 1990, la comunidad Embera Katío del Resguardo Indígena Chageradó se vio afectada por explotaciones forestales de magnitud industrial en el bosque húmedo tropical del resguardo comunitario ubicado alrededor de los ríos Chageradó y sus afluentes Tebará y Taparal y otras zonas aledañas al resguardo; sin contar con permiso forestal por CODECHOCO. Después de varios trámites jurídicos, la Corte Constitucional determinó en 1993, que la comunidad de Chageradó había sufrido un daño consumado y que además podría seguir sufriendo perjuicios si no se hacía una restauración ambiental. De esta forma condenó a CODECHOCO para que bajo la vigilancia del Juez Agrario y del Departamento Nacional de Planeación tomara y adelantara las medidas necesarias para corregir el daño causado. Hoy, en el año 2000, la Organización Indígena de Antioquia, OIA, presenta un trámite incidental de desacato en contra de varias instituciones estatales por el incumplimiento a la orden proferida por la Corte Constitucional.

Ahora nos llega la información que en los días 16 y 17 de septiembre, cuatro Embera han sido asesinados y 21 Embera secuestrados por fuerzas paramilitares; llamadas 'autodefensas'. Lo que de nuevo nos llama mucho la atención es que estos asesinos obviamente andan en esta región sin ninguna molestia por las fuerzas estatales de seguridad, y aún un helicóptero de ellos estuvo volando por horas sobre el área sin que las fuerzas armadas se dieron cuenta. Antes, el 21 de agosto, un comando de las autodefensas había asesinado al gobernador de la comunidad de Abejero en el kilómetro 17 de la carretera Quibdó-Medellín, y el 7 de septiembre, siete personas de las autodefensas mataron a otro indígena de la comunidad Motordó, municipio de Quibdó.

Los indígenas Embera ubicados en Antioquia, Córdoba y Chocó sufren hace tiempo de asesinatos, desapariciones, retenciones y humillaciones y se nos da la sensación de que las instituciones estatales siguen ignorando aún las denuncias por parte de este pueblo indígena. Dadas estas circunstancias y las altas cuotas de sangre que los Embera colocaron: ¿Le sorprende que se hace perder cualquier tipo de confianza en el Estado colombiano y sus autoridades encargadas de velar por la vida?

II. El pueblo U'wa
Desde el año 1995, el pueblo U'wa se articula en contra del proyecto de exploración y explotación de su territorio ancestral. Particularmente en los últimos 9 meses los U'wa sufrieron de agresiones físicas y morales, desapariciones, muertes y de una violencia generalizada por parte del estado, también por parte de las FARC y con una presencia creciente de los paramilitares. Todos - subrayamos: todos - irrespetan la autonomía de las comunidades indígenas, profanan sus tierras y leyes mayores.

Durante todo el conflicto, los U'wa tenían que luchar hasta movilizarse en las carreteras y, así, exponerse hasta a las agresiones físicas para que sus derechos constitucionales fuesen reconocidos. Hasta hoy, el deber de consultar a los U'wa sobre los trabajos que adelanta la Occidental Petroleum (OXY), hubiera quedado como papel muerto si no se hubieran dado las protestas nacionales e internacionales. 

El 8 de julio del año corriente los U'wa firmaron un acuerdo con el Viceministro del Interior  en Cubará, para que se iniciara un proceso de diálogo. El gobierno nacional también se comprometió a exigir a la OXY la suspensión de sus obras, y por su parte los campesinos desbloquearan las carreteras taponadas. El 10 de agosto se expedió el Decreto 80851 por el cual se declara el área que le interesa a la OXY como “zona de reserva petrolera” porque es de interés nacional; una vez más sin consultar a los U'wa. Con este mecanismo la OXY hizo expulsar más de 300 familias campesinas en Caño Limon. La British Petroleum hizo lo mismo en Cusiana. El 7 de septiembre llegaron unas policias antimotines para desalojar todos los civiles presentes en el area que circunda al pozo exploratorio Gibraltar, hasta 500 metros a la redonda, e impidiendo el libre tránsito de la comunidad U'wa en su territorio. Militarizar la zona, restringir el acceso a las propiedades de los U'wa: ¿Qué significa para su gobierno el termino diálogo?

Los U'wa investigaron - a su propia cuenta – los acuerdos y documentos firmados con la corona española para encontrar las bases legales y legítimas reconociendo la propiedad sobre sus territorios; el suelo y el subsuelo. Encontraron los documentos en Sevilla, España en el Archivo de Indias. Entonces, aunque el Estado se considera propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, la constitución obliga al estado de considerar y reconocer los derechos de terceros que hayan adquirido la propiedad sobre el suelo y el subsuelo conforme a las normas preexistentes. Permítanos otra pregunta: ¿Cuál fué el papel de su gobierno para fundar los derechos territoriales de los U'wa?

III. Plan Colombia
El famoso Plan Colombia pretende, según sus palabras hace poco en Nueva York, de traer la paz a su país. Sin desconocer el derecho de cualquier estado de equipar sus fuerzas de seguridad, lo que sigue llamándonos la atención es que la estructura, la historia y la realidad del Plan se concentra en la militarización particularmente de las áreas del Sur de su país. Nos asombra constatar que al Norte no se atiende de la misma manera aunque acá operan por ejemplo muchos grupos de los paramilitares de la 'autodefensa' que viven también de la droga y son a la vez el conditio sine qua non para aquel 'negocio'. 

Aquellos proyectos, que serían aptos para reestablecer las normas cívicas y mantener la sociedad como tal apenas se estan discutiendo, ni hablar de llevarles a cabo. Aún más, a todos aquellos proyectos existentes y con objetivo de solucionar los conflictos de manera cívica, se les niega el reconocimiento por parte de su gobierno. Peor: las experiencias comunales de las comunidades indígenas (entre otros: La María / Piendamó en el Cauca) todavía se les categoriza más bién como parte de la subversión – y de nuevo estamos en el área militar.

Nos preguntamos sinceramente: ¿Qué es lo que a su gobierno le impide dar cumplimiento a la constitución y a las normas internacionales ratificadas por Colombia?

Expresándole nuestro profundo anhelo para que reinen paz y justicia en Colombia, nos despedimos

atentamente
Asociación para la Defensa de los Pueblos Amenazados