Bolzano/Bozen, 5 de septiembre de 2006
El 18 de Agosto una fuga de petróleo del
oleoducto de Petroecuador que transporta el crudo producido en el
Pozo 8 Campo Cuyabeno en la Provincia de Sucumbíos cerca
al limite de la Reserva Cuyabeno, se vertió en el
Río Cuyabeno Chico. El río alimenta todo el sistema
de lagunas que forma una de la partes mas importante de la
Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, un
área, que por sus características naturales, de
biodiversidad, de endemismo y de cultura es considerada una de la
mas importante del Mundo.
A pesar el riesgo generado por un derrame en esta área,
Petroecuador ha intentado ocultar el problema y solamente a los
tres días del derrame ha informado a la población y
a las autoridades competentes como es el Ministerio del Ambiente
y las comunidades indígenas de Puerto Bolívar y
Tarapuy. Fuentes de Petroecuador manifestaron que la causa del
derrame ha sido un atentado a la tubería. Sin embargo no
se explica entonces el grande retraso en informar las autoridades
sobre lo ocurrido. Según pobladores de la zona el derrame
podría haber sido causado por el deterioro de la
tubería pues la empresa es acusada de problemas de
derrames frecuentes.
Subestimando la magnitud de la pérdida de crudo
Petroecuador no dispuso medidas de contingencia adecuadas que
habían podido ser efectuadas a tiempo evitando la
contaminación ambiental del sistema lacustre y graves
daños al ecosistema de la Reserva Cuyabeno. La
inspección efectuada el día 24 de Agosto por
dirigentes de la Comunidad Siona de Puerto Bolívar,
Periodistas de Radio Sucumbíos y personal del Ministerio
de Ambiente constató la gravedad del derrame y el hecho
que las medidas de contingencias adoptadas por Petrecuador
resultan insuficientes.
El riesgo ambiental causado por el derrame es incalculable: toda
la vegetación a orillas del río Cuyabeno Chico y de
las lagunas está cubierta por crudo afectando directamente
a las especies herbívoras del área; de la misma
forma está contaminada en un 50% la superficie del agua
con grave peligro para los peces; los caimanes, lagartos y la
anaconda, los mamíferos acuáticos como es el
delfín rosado, el delfín gris y el manatí,
especies catalogadas en peligro de extinción y cuyo
albergue son estas lagunas aisladas de las actividades humanas.
Es importante recordar que en Octubre del 1989 se produjo un
accidente similar en la misma área. Después de 17
años varios sacos con crudo recolectado después de
aquel derrame siguen enterrados en el interior de bosque sin un
tratamiento adecuado a solo 50 cm debajo del suelo. Según
miembros de la comunidad hay muchos lugares alrededor de la
laguna y del Río Cuyabeno Chico donde han sido enterrados
miles de sacos con crudo.
La Reserva de Producción Faunística Cuyabeno es un
área protegida de Amazonia única en el mundo;
cuenta con 603.380 ha de las cuales 430.000 ha. son consideradas
Zona Intangible en cuyo interior se encuentra el sistema lacustre
del Cuyabeno. Esta área mantiene un endemismo muy alto de
flora y fauna y de diversos ecosistemas que van desde bosques
inundables (pantanos, igapos y varzeas) a bosques de tierra
firme. Es urgente evitar la afectación para poder
salvaguardar los recursos biológicos, ecológicos y
culturales. Hasta el momento han sido recolectados en el primer
puesto de control aproximadamente 350 barriles, pero fuentes del
Ministerio de Ambiente hablan de una cantidad mucho más
grande de aproximadamente 1000 barriles. Los restantes 650
barriles aproximadamente siguen dispersos a lo largo del
río Cuyabeno Chico y con las intensas lluvias de los
últimos días se están moviendo hasta las
Lagunas Grande que representa la más importante
área turística de la Reserva.
La Asociación para los Pueblos Amenazados (APA)
también está muy preocupada por la supervivencia de
las poblaciones indígenas de la Reserva ya que muchas de
sus las actividades de sustentamiento se practican en este
complejo lacustre (turismo, cacería, pesca e higiene) y
pide al gobierno de Ecuador que imponga a Petrocuador y
supervisione una verdadera limpieza del área y el pago de
una adecuada indemnización de los daños a los
pobladores de las comunidades afectadas.