Bolzano, 27 de Mayo de 2003
Lamentablemente en Guatemala siguen las
graves violaciones de los derechos humanos, y hasta los
homicidios de Estado: en las pasadas dos semanas dos campesinos
fueron matados, muchos otros fueron insultados, amenazados y
echados de las tierras que coltivaban.
Las graves violaciones de los derechos humanos
perpetuadas contra los campesinos son la consecuencia directa de
los conflictos entre éstos y los ganaderos y latifundistas
de la region de Izabal. Causa de los conflictos es la voluntad de
Bandegua, empresa asociada a la multinacional "Del Monte Fresh
Produce", de vender la plantación Lanquin II. En 1998 la
plantación fue devastada por el uracán Mitch.
Bandegua no quiere soportar los costos para que la
plantación vuelva a ser productiva y prefiere entonces
vender la tierra a los ganederos y latifundistas de la region.
Los pequeños campesinos, que viven y trabajan en la
plantación, no quieren dejar la tierra que hasta ahora
coltivaron. La decisión de quedarse, se basa en un acuerdo
entre Bandegua y el sindicato de los campesinos.
Los último homicidios fueron cometidos después que
el gobierno había asegurado a los miembros del CUC
(Comité de Unidad Campesina) un terreno cerca de la
comunidad de Los Andes. Desde entonces el terreno en cuestion
está ocupado por hombres armados, los cuales parecen
trabajar para los ganaderos y/o los latifundistas que no quieren
respetar a los derechos de los campesinos. Las unidades
paramilitares en fin imponen la ley del más fuerte,
amenazan a los campesinos y no pierden de vista a la casa de
Edwin Juan Colindres, el local representante del CUC.
Edi López Oiliva, un campesino de la comunidad Lanquin II,
murió en la tarde del 21 de abril de 2003. Murió a
causa de las muchas heridas de machete y arma de fuego procuradas
por desconocidos. El 4 de mayo de 2003 Santiago Soto murió
de la misma manera. De esta manera ya son cinco los miembros
locales del CUC que en los pasados 12 meses fueron
víctimas de presupuestos homicidios de estado. La
Fiscalía General de Ciudad de Guatemala y la Policia de
Puerto Barrios (capital de la region Izabal) aseguraron al CUC su
protección, sin embargo hasta ahora no fue actuada ninguna
medida al respeto.
Según las declaraciones de algunos testigos oculares y de
la Asociación Internacional para los Derechos Humanos (www.igfm.de), los homicidios fueron
cometidos por paramilitares en presencia de policias, los cuales
no intervinieron para evitar a las brutales agresiones. Esto
refuerza los sospechos de una partecipación de la policia
en los homicidios y las violaciones de los derechos humanos a
daño de los miembros del CUC, o de su presencia en el
libro talonario de los latifundistas.
La Asociación para los Pueblos Amenazados (APA) pide que
se paren inmediatamente las agresiones contra los pequeños
agricultores del CUC y que los responsables de los homicidios y
de toda forma de agresión sean juzgados por un tribunal.
La APA pide además que se encuentre una rápida y
pacifica solución para los conflictos de tierra, que puede
ser individuada basandose en los acuerdos de paz de 1996,
redactados con la ayuda de las Naciones Unidas. Según
estos acuerdos, el gobierno tiene el deber de "desarrollar una
estrategia para las regiones rurales para facilitar a los
campesinos el acceso a la tierra y a los medios de
producción, asegurar las indemnizaciones a los campesinos
y promover la solución de conflictos."