Bolzano, Göttingen, 7 de noviembre de 2003
Faltando sólo pocos dias para las elecciones
presidenciales, la Asociación para los Pueblos Amenazados
(APA) denuncia el incremento de las graves violaciones de los
derechos humanos en Guatemala. Un informe de 20 páginas de
la APA documenta las agresiones de los últimos 10 meses
contra activistas maya, magistrados, campesinos y curas. El
informe llega a la conclusión que desde el fin de la
guerra civil en 1996 nunca ha habido tantas violaciones de los
derechos humanos como en este año. La violencia
política transforma a las elecciones en farsa. En los
primeros nueve meses del año hubo 2.832 aesinatos y 26.243
personas fueron heridas por armas de fuego. En relación al
año pasado hubo un aumento de estos crímenes del
163%. De la misma manera preocupan las 73 agresiones contra
activistas para los derechos humanos cometidas por grupos
paramilitares estrechamente relacionados al ejército. Las
víctimas fueron amenazadas de fucilación para
obligarlas a entregar material que incriminaría a los
agresores. Las autoridades no parecen querer proteger eficazmente
a los activistas y después de una agresión las
fuerzas de seguridad se niegan a menudo a abrir investigaciones
uficiales.
También la elaboración del genocidio, que entre el
1960 y el 1996 hizo 200.000 Víctimas, es del todo
insuficiente. Durante la campaña electoral Efrain
Ríos Montt, entre los principales responsables del
genocidio y ahora candidado para las elecciones, se burló
de las víctimas del genocidio, y hasta hoy solamente dos
uficiales fueron condenados por una corte por crimenes de
genocidio. Si Ríos Montt ganase las elecciones el
país estaría a riesgo de caer otra vez en el caos y
la violencia.
Muy grave es también la situación de los
indígenas Maya, que constituyen cerca del 60% de la
población de Guatemala. Recién en agosto, MINUGUA,
la comisión observadora de las Naciones Unidas,
criticó el hecho que los Maya siguen siendo discriminados
etnicamente, racialmente y culturalmente y que están cada
vez más pobres. Además el gobierno no está
cumpliendo con las obligaciones asumidas en los acuerdos de paz
de 1996. Para el año 2004, por ejemplo, está
previsto un aumento de los gastos militares del 33% mientras
deberían reducirse los gastos para la justicia, la
policia, la educación y los asuntos sociales.