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España: Asamblea Nacional debate la extradición de dos refugiados políticos kurdos

Asociación para los Pueblos Amenazados pide tutela y respeto de los convenios internacionales

Bolzano/Bozen, Göttingen, 21 de mayo de 2009

Pueblo abandonado en Kurdistan. Pueblo abandonado en Kurdistan.

En relación a la autorización a la extradición de los dos refugiados políticos kurdos dr. Remzi Kartal y Faruk Doru, que sigue la relativa demanda avanzada por el estado turco, la Asociación para los Pueblos Amenazados (APA) se apela al gobierno español para que rechace definitivamente la demanda de extradición. Los dos refugiados son acusados de participación a una organización terrorista. Sin embargo, la demanda de extradición de los dos refugiados avanzada por Turquía a Alemania en 2005 no precisa de cual participación terrorista se trataría.

En una carta abierta al presidente del gobierno español José Luis Zapatero, la APA recuerda que la Turquía sigue definiendo "organización terrorista" cualquier asociación u organización fundada en cualquier país europeo y cuyo objetivo es demandar el respeto de los derechos culturales y étnicos del pueblo kurdo. Estas son también las acusaciones en base a las cuales en Turquía fue iniciado un procedimiento judicial contra Remzi Kartal, quien ya fue diputado de la Asamblea Nacional Turca por el Partido de la Democracia (DEP) y que se vio obligado al exilio. Los miembros del DEP permanecidos en Turquía fueron encarcelados y puestos en libertad solamente después de diez años de cárcel. Hay a propósito una precisa decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condena tanto las acusaciones cuanto las encarcelaciones como grave infracción a los estándares jurídicos internacionales. Entonces la unión Europea pidió la liberación de los detenidos políticos y reconoció oficialmente su estatus de perseguidos políticos honrandolos, en la persona de Leyla Zana, conel premio Sajarov.

En las cárceles turcas aún se encuentran 3.835 detenidos políticos kurdos, de los cuales muchos están detenidos desde hace más de 20 años, más de un tercio de ellos sin haber tenido algún procedimiento judicial. A pesar de la revisión del derecho procesal, los tribunales turcos aún no son independientes y toman decisiones basadas en el derecho penal existente que sanciona muchas de las actividades consideradas normales en cualquier sistema democrático.

En Turquía está prohibido usar el idioma kurdo en la asamblea nacional, en las agencias de gobierno, en los colegios o en las universidades. Todas las demandas kurdas por iguales derechos en el uso del propio idioma, la práctica de la propia cultura y manifestación de la propia identidad han sido rechazadas por el gobierno turco y las demandas por una autonomía o una autogestion regional son, según Ankara, "demandas absurdas de terroristas". Más de dos millones de personas, originarios de 4.000 pueblos destruidos por el ejército turco esperan en vano en la reconstrucción y en el retorno a su tierra. En fin, no hay que olvidar que en Turquía la tortura sigue siendo un método de interrogación largamente practicado.

Remzi Kartal y Faruk Doru son refugiados reconocidos según el Convenio de Ginebra. España ha ratificado al Convenio de Ginebra, por lo tanto está obligada a ofrecer amparo a toda persona que sea perseguida por motivos políticos o étnicos. Por este mismo motivo la APA pide a España que respete sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y rechace la injusta extradición, tal como ya hizo Alemania en 2005.