Bolzano/Bozen, San José de Apartado, 28 de febrero de 2005
"No podemos decir nada más; el dolor nos
embarga tan profundamente que sólo podemos llorar. El
Estado colombiano, como muestra de su increíble
ilegitimidad, ha realizado otra masacre que baña de sangre
nuestras tierras." El ejército ha masacrado a siete
personas, entre las cuales tres niños. Se trata de Luis
Eduardo Guerra Guerra, de 35 años de edad, líder de
la comunidad y miembro del Consejo Interno desde los inicios del
proceso, su compañera Bellanira Areiza Guzmande 17
años, a su hijo Deiner Andres Guerra de 11 años, de
Alfonso Bolivar Tuberquia Graciano de 30 años,
líder de Mulatos y miembro del Consejo de Paz de las zona
humanitaria de Mulatos, su compañera Sandra Milena
Muñoz Pozo de 24 años y a sus hijos Santiago de 2
años y Natalia de 6 años.
Luis Eduardo Guerra había salido el sábado 19 de
febrero de su casa en San José hacia su finca en la vereda
Mulatos (queda a unas 7 horas de San José) con el fin de
recoger cacao; sus planes eran regresar el lunes 21. Pero ese
lunes 21 hacia las 11 a.m. fueron detenidos en el rio Mulatos por
miembros de la Brigada XI (once) del ejército. Luis
Eduardo iba de salida hacia San José con su
compañera Bellanira, su hijo Deiner y otro joven, medio
hermano de Luis Eduardo. El ejército los amenazó y
les dijo que iban a llevárselos para asesinarlos. Al
escuchar esto, el medio hermano de Luis Eduardo logró
correr. Pero Luis Eduardo, Bellanira y Deiner fueron llevados
desde ese sitio de la vereda Mulatos hasta La Resbalosa, la
vereda siguiente. Allí los llevan a la casa del
señor Alfonso Bolivar.
El martes 22 el medio hermano de Luis Eduardo va a buscarlos y
logra llegar a la casa de Alfonso Bolivar donde encuentra, cerca
de la casa, una fosa con los cadáveres despedazados. Luis
Eduardo Guerra, defensor de los derechos humanos, fundador de
nuestra comunidad y desde hace tres años coordinador del
comité de derechos humanos de la comunidad, viajó
varias veces por invitación de Europa y Estados Unidos a
compartir su experiencia. La Asociación para los Pueblos
Amenazados (APA) condena duramente el terrible crimen y pide a la
Comunidad Internacional que presione al gobierno de Colombia para
que los asesinos sean capturados y condenados.