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EDICOLA / KIOSK | LADINBolzano/Bozen, Bojayá, 6 de abril de 2005
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) y la Defensoría del Pueblo advirtieron sobre el
inminente riesgo que corren las comunidades negras,
indígenas y campesinas que habitan el municipio de
Bojayá, Chocó, ante los constantes combates que
protagonizan grupos guerrilleros y paramilitares que operan en
esa zona del Pacífico colombiano. Como sucedió en
la región ese macabro jueves 2 de mayo de 2002, donde
murieron 119 personas, hoy uno de los protagonistas de dicha
masacre, paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas,
avanzan hacia las desembocaduras de los ríos
Bojayá, Napipí y Opogadó, en cuyas partes
altas han hecho presencia tradicionalmente las FARC,
destacó el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez
Ortiz.
El ACNUR informó que "el sábado, unas 250 personas
de los 350 habitantes afrocolombianos de Pogue, en el río
Bojayá, huyeron a Bellavista, escoltados por autoridades
colombianas de la oficina de la Defensoría del Pueblo, la
oficina de la Procuraduría General así como
representantes de asociaciones comunales. Ellos habían
quedado atrapados en medio de los grupos armados irregulares
durante las dos últimas semanas". La Defensoría
confirmó que las 24 comunidades indígenas del
municipio permanecen en sus territorios por su política de
no desplazarse, "pero ante la gravedad de la amenaza algunos de
los miembros de la comunidad Emberá han manifestado su
intención de trasladarse a Nuquí, Bahía
Solano y Juradó o incluso a una zona fronteriza de
Panamá, en donde algunos tienen familiares".
Los indígenas informaron a los oficiales de campo del
ACNUR que los grupos armados irregulares han impuesto un bloqueo
y han evitado que los alimentos, medicinas y otros suministros
vitales puedan llegar a sus poblados. "Otros han sufrido acoso e
intimidación de parte de los grupos armados que dispararon
al aire y amenazaron con matar a los hombres y violar a las
mujeres". La presencia en la zona de los grupos armados ilegales
es evidente, denuncian las comunidades. Situación que es
paradójica si se tiene en cuenta que "en la cabecera
municipal de Bojayá está asentado el
Batallón Manosalva Flórez del Ejército, que
realiza controles sobre el río, mientras que en la
población de Vigía del Fuerte, a cinco minutos de
Bellavista, también existe una fuerte presencia de la
Fuerza Pública", asegura la Defensoría del
Pueblo.
Ante la grave situación humanitaria por la que atraviesan
las comunidades que habitan esta zona del Pacífico
colombiano, el ACNUR y la Defensoría del Pueblo
consideraron necesario y urgente que las autoridades del Estado
competentes ejerzan un control efectivo en la región, como
también que todas las partes del conflicto armado se
ajusten a los principios del Derecho Internacional Humanitario,
"a respetar la población civil y a garantizar la seguridad
de los trabajadores humanitarios".