Bolzano/Bozen, 24 de mayo de 2007
La bondad de Pablo Gorostiaga, un agrimensor de 1890, ha
permitido a la comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque de denunciar
por usurpación del territorio al grupo Benetton, que entre
otro adquirió hace varios años al territorio
ancestral del pueblo Mapuche, desalojando a la comunidad que ahi
vivía. En 1890, el Estado nacional pidió al
agrimensor Gorostiaga que midiera 80 mil hectáreas en la
zona de Leleque para regalárselas a míster Rushton
Rodgers. Según la ley de entonces, cuando el agrimensor se
encontraba ante un accidente natural podía excederse hasta
un 20 por ciento en sus mediciones. Y asì fue, Gorostiaga
midió un total de 96.919 hectáreas y anotando todo
con mucha precisión. Según la comunidad, este error
centenario invalida el papel que los actuales poseedores
presentan para desalojar a los mapuches. Además, la
Compañía de Tierras (Grupo Benetton) tendría
que haber efectuado una nueva mensura, como cada vez que el suelo
cambia de propietario. Pero nunca se hizo.
El fiscal de Esquel, Eduardo Falco, tiene hasta el 2 de junio
para aceptar o rechazar la denuncia. Si diera el sí,
Luciano, Giuliana, Carlos y Gilberto Benetton recibirían
una invitación de la Justicia argentina para asistir a una
audiencia de conciliación con la comunidad. "Esperemos que
no termine cajoneada, como muchas denuncias que hace el pueblo
mapuche. Ante la Justicia son muchos nuestros obstáculos.
No somos ingenuos, sabemos que enfrentamos una complicada
acción en bloque por parte de políticos, jueces y
fiscales que son ganaderos y latifundistas", indicó Mauro
Millán, domiciliado en la recuperada Santa Rosa. "Ponemos
a prueba el sistema democrático argentino, a ver
qué tan imparcial es la Justicia. Pretendemos que la
verdad histórica sea asumida por las instituciones del
Estado que nos usurpó", afirmó Millán.
Mientras tanto, la comunidad Mapuche de santa Rosa tuvo que
presenciar a los entrenamientos - demasiado cercanos para su
gusto - de los efectivos del cuerpo especial GEOP (Grupo Especial
de Operaciones de la policía). Si el jefe policial,
comisario Juan Ale, dijo que la fuerza no está
"intimidando a la comunidad aborigen y utiliza desde hace
años esa zona para entrenar", la comunidad Mapuche hizo un
pedido de informes al Ministerio del Interior, la
Defensoría del Pueblo y a la Secretaría de Derechos
Humanos, pero nunca recibió una respuesta.
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