Bolzano/Bozen, 9 de mayo de 2006
Después de 54 día de huelga de hambre empeoran
de manera drámatica las condiciones de salud de los cuatro
prisioneros políticos Mapuche que desde el 31 de marzo
protestan por el juicio caracterizado por graves irregularidades
que les condenó a 10 años más un día
de cárcel y a pagar un indemnizo de 791.000 US$ a la
empresa Forestal Mininco.
Florencio Jaime Marileo Saravia (27), Juan Carlos Huenulao Lemil
(39), José Patricio Marileo Saravia (31) y Patricia Roxana
Troncoso Robles (36) fueron condenados por asociación
ilícita terrorista y por incendio terrorista. El proceso
se da después de largas detenciones preventivas y es
caracterizado por graves irregularidades, como la
limitación del derecho a la defensa, la aplicación
de la ley Anti-Terror introducida por la dictadura de Pinochet y
la admisión de testigos cuya identidad queda
anónima para la defensa ("testigos sin rostro") que de
esta manera no puede verificar las declaraciones.
La aplicación de la Ley Antiterrorista contra dirigentes
mapuches comprometidos en reivindicaciones territoriales,
así como el uso de medidas procesales especiales, como las
declaraciones de los denominados "testigos sin rostro", han sido
denunciados por diversos organismos internacionales. En 2003, el
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación
de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los
Indígenas, el Sr. Rodolfo Stavenhagen, recomendó
explícitamente que "se tomen medidas para evitar la
criminalización de las legítimas actividades de
protesta o demandas sociales" del pueblo Mapuche. En el mismo
sentido se ha manifestado el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas
en sus recientes observaciones sobre Chile. Cabe destacar
asimismo que existen en la actualidad cinco causas abiertas ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por
violaciones del debido proceso de dirigentes mapuches acusados de
terrorismo.
La Asociación para los Pueblos Amenazados (APA) se apela
con urgencia a la presidente de Chile, Sra. Michelle Bachelet, y
pide a todos los lectores que también envíen a la
Sra. Bachelet la siguiente carta:
Señora Presidenta de la República de
Chile
Sra. Michelle Bachelet
Presidencia de la Republica - Palacio de la Moneda
Santiago, Chile
E-mail: opinion@presidencia.cl
Desde el día lunes 13 de marzo los presos políticos
mapuche Patricia Troncoso, Patricio Marileo Saravia, Jaime
Marileo Saravia y Juan Carlos Huenulao Lienmil en la
cárcel de Angol están el huelga de hambre para
pedir la revisión de su proceso que les condenó a
10 años y un día de cárcel y a pagar un
indemnizo de 791.000 US$ a la empresa Forestal Mininco.
La comunidad Mapuche pone en evidencia que la sentencia es
arbitraria y racista. La aplicación arbitraria de la ley
18.314, introducida por el dictador Pinochet ("Ley Anti-Terror")
y usada para perseguir a activistas indígenas que piden
mejores condiciones de vida y mayores derechos políticos,
es inaceptable según la legislación internacional.
De la misma manera resultan inaceptables las sentencias basadas
en declaraciones de testigos anónimos.
La aplicación arbitraria de la Ley Anti-Terror contra las
comunidades Mapuche nos lleva a conclusión que la
jurisprudencia chilena no sea neutral. Durante las últimas
décadas esta ley sólo ha sido aplicada en juicios
contra líderes políticos Mapuche. La
conclusión entonces es que las cortes chilenas apliquen
una jurisprudencia racista que criminaliza las demandas del
pueblo Mapuche.
- Solidarizamos con las demandas de los presos políticos
Mapuche en huelga de hambre.
- Pedimos la revisión de la sentencia política de
la corte chilena.
- Pedimos la liberación de todos los presos
políticos mapuche.
Sinceramente,
Bolzano/Bozen - Italia, 9 de Mayo 2006
Presencia militar en las comunidades
mapuche de la IX región, 2005