Bolzano/Bozen, Göttingen, 9 de enero de 2007
Según el
informe provisorio del Consejo Misionario Indígena CIMI,
el año 2006 ha sido otro año de violencias para los
pueblos indígenas de Brasil. Por lo menos 40
indígenas murieron en manera violenta, mitad de ellos en
el estado de Mato Grosso do Sul. Desde hace tiempo el estado de
Mato Grosso do Sul es considerado el fulcro de las violencias
contra la población indígena, que seguramente se
origina por la cuestión no resuelta de los derechos a la
tierra. En ningún otro lugar de Brasil, la
población indígena tiene tan poco espacio y los
37.000 Guaraní-Kaiowá son probablemente quienes
sufren la situación peor: de sus 87 territorios, para 67
aún ni se iniciaron las practicas para el reconocimiento
oficial y la demarcación de las tierras.
Según CIMI, la situación es de particular
preocupación por el aumento de las violencias internas a
las comunidades indígenas. Siempre según CIMI, la
falta de tierras y la consecuente falta de una base
económica y cultural crean miseria , desesperación
y la imposibilidad de programar el futuro. La tensión que
se crea es desahogada en violentes litigios, abuso de drogas y
alcohol y a veces degenera en violencia homicida.
Es entonces de importancia prioritaria que el gobierno de Lula
da Silva de más impulso a la demarcación
territorial de las tierras de todos los 235 pueblos
indígenas de Brasil y que al mismo tiempo garantize el
respeto de estas tierras por los intrusos ilegales cuales las
empresas de madera, los ganadores y los cultivadores de soia. El
gobierno brasileño tiene que tomar en serio la
dramática situación de los pueblos indígenas
en el país e debe por fin actuar todas aquellas medidas
para las cuales se comprometió con la ratificación
de la Convención ILO 169 en julio de 2002. Entre otras
cosas, la ratificación obliga al gobierno a garantizar a
los pueblos indígenas los derechos humanos y las
libertades fundamentales, la posibilidad de organizar solos el
propio futuro, la tutela de la identidad cultural, de estructuras
comunitarias y de las tradiciones, el reconocimiento de los
derechos a la tierra y a sus recursos naturales, el derecho al
trabajo y a condiciones de trabajo dignas, el derecho a la
educación y al acceso a los medios de comunicación,
la participación a decisiones que tienen que ver con los
mismos pueblos indígenas y la paridad de derechos frente a
la justicia y en la administración pública.
El CIMI es una organización para los derechos humanos en
apoyo a los pueblos indígenas de Brasil. Fue fundada en
1972 por la Federación Nacional Episcopal de Brasil,
trabaja en contacto con las comunidades indígenas y es
partner de la APA. El informe anual definitivo "Violencia contra
los pueblos indígenas de Brasil - 2006" será
publicado en abril 2007.