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EDICOLA / KIOSK | LADINBolzano/Bozen, 18 de enero de 2008
En ocasión de los
últimos trágicos eventos ocurridos en Chile, la
Asociación para los Pueblos Amenazados (APM) quiere
expresar su plena solidaridad con las demandas del pueblos
Mapuche y toda su preocupación para el estado de salud de
Patricia Troncoso Robles. Tras la muerte del estudiante de 22
años Matías Valentin Catrileo Quezada, matado
durante una manifestación por los disparos de la
policía militar, crece también la
preocupación por el estado de salud de Patricia Troncoso,
prisionera política Mapuche, que hoy cumple 100 día
en huelga de hambre.
En el caso de Matías Catrileo se está indagando
contra el suboficial de los Carabineros chilenos Walter Ramirez
Espinoza y el peritaje confirma que Matía Catrileo
murió por las balas de un arma de ordenanza. Junto a la
interrogación parlamentaria sobre lo ocurrido, avanzada
por dos parlamentarios socialistas, se levantan también
las voces de las organizaciones para los derechos humanos, las
cuales piden que el caso no pase, como ya ocurrió en
pasado, a un tribunal militar. Mientras en muchas ciudades
europeas se han organizado manifestaciones de protesta por la
muerte de Matía Catrileo, en Chile se asiste a un
dramático empeoramiento del estado de salud de Patricia
Troncoso.
La activista Mapuche es una de los aproximadamente 40
prisioneros políticos mapuche en Chile, muchos de los
cuales han actuado huelgas de hambre para llamar la
atención sobre las violaciones de los derechos de los
Mapuche en general, y en particular sobre la situación de
los prisioneros políticos Mapuche, y para obligar al
gobierno a una negociación seria. Lamentablemente hasta
ahora no han tenido éxito. Patricia Troncoso ha sido
condenada junto a otros Mapuche a diez años y un
día de cárcel por en incendio del Fondo
Poluco-Pidenco, una plantación a monocultivo de la empresa
Forestal Mininco. Si hubiera sido juzgada según la ley
ordinaria, Patricia ya estaría libre, sin embargo Patricia
Troncoso ha sido juzgada según la ley anti-terror (ley
18.314), que de hecho le ha quitado cualquier derecho y la
posibilidad de ser obtener un proceso justo. La ley anti-terror
sobrevive en Chile aún desde los tiempos de la dictadura
militar de Augusto Pinochet. Hasta ahora ninguno de lo gobiernos
democráticos que siguieron a la dictadura ha abolido a
esta vergonzosa ley, tampoco el gobierno de Michelle Bachelet.
Esto, a pesar de las muchas declaraciones de la señora
Bachelet sobre la importancia que otorga a los derechos humanos.
Las autoridades chilenas utilizan a la ley anti-terror sobre todo
para callar las demandas y protestas del pueblo Mapuche en
defensa de su milenaria cultura y de su tierra ancestral.
A pesar de su grave estado de salud, las autoridades chilenas
decidieron el pasado 15 de enero trasladar a Patricia Troncoso,
contra su voluntad y sin informar a la familia, del hospital de
Temuco al hospital de Chillán. Además prohibieron
cualquier visita a Patricia, que sea de amigos o de familiares.
Mientras la familia de Patricia protesta por la inhumanidad con
cual Patricia es tratada y por el intento de las autoridades de
silenciar su caso (a Patricia hasta fue impedido comunicar
telefónicamente con un representante de la Comisión
Interaméricana para los derechos humanos, CIDH), la misma
Patricia envió una carta abierta a todos los hombres,
mujeres y niños que quieran una sociedad justa y
solidaria. En la carta Patricia recuerda la histórica
resistencia del pueblo Mapuche contra cualquier intento de
ocupación y de colonización y vuelve pedir el
respeto del estado chileno para los derechos de su pueblo. La
Asociación para los Pueblos Amenazados se une a estas
demandas y pide al gobierno de Chile que elimine por fin a la
vergonzosa ley anti-terror y que ratifique en forma completa y
sin condición alguna a la Convención ILO 169.