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Chile / Mapuche

El gobierno chileno opta por la violencia en vez de un diálogo con las comunidades Mapuche - Aviada peligrosa espiral de violencia

Bolzano/Bozen, 23 de octubre de 2009

Violencia de la policía en Temucuicui contra Mapuche. Violencia de la policía en Temucuicui contra Mapuche.

La Asociación para los Pueblos Amenazados (APA) está muy preocupada por la gravedad a la cual ha llegado el conflicto entre las comunidades Mapuche y el estado chileno. Cada día nos llegan nuevas denuncias de violencia, tortura y detenciones ilegales contra exponentes Mapuche y los medios de información Mapuche reportan un aumento preocupante de los enfrentamientos con la policía chilena, de mal tratos, heridos y hasta muertos entre los Mapuche. Particularmente preocupantes resultan los casos de violencia contra niños y adolescentes, como denuncia la organización para los derechos humanos chilena Observatorio Ciudadano que en una carta entregada miércoles a la presidente chilena Michelle Bachelet documenta varios casos de violencia contra menores de edad. El caso más epatante es seguramente el caso de un niño de 14 años de edad, herido por perdigones, subido a helicóptero policial, y, una vez en vuelo con las puertas del helicóptero abiertas, amenazado de ser lanzado a tierra sino daba nombres de las personas que a esa hora participaban de la acción en el fundo Santa Lucía.

Las responsabilidades de las instituciones chilenas por el agravamiento del conflicto resultan también por el análisis llevada a cabo por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entre los aspectos analizados resulta el elevado número de presos políticos y/o comuneros mapuche procesados. Según a Comisión Etica Contra la Tortura se eleva a 100 el número de los presos políticos mapuche siendo esta la cifra más alta desde el inicio de la transición. Los detenidos Mapuche siguen siendo juzgados con la aplicación de la ley anti-terroristas (18.314) a pesar de que las mismas Naciones Unidas hayan fuertemente criticado el utilizo de ésta ley. La ley antiterrorista, concebida durante la dictadura del general Augusto Pinochet, es una ley deliberadamente vaga y confusa cuyo propósito es permitir la máxima discrecionalidad a quienes la aplican.

Según Alejandro Herrera, docente de la Universidad de la Frontera y miembro de su Instituto de Estudios Indígenas, "no existe un interés real por parte del gobierno de generar y propiciar el diálogo con los mapuches, sino que el objetivo es reducir la acción especialmente policial, en ciertas comunidades para luego no dar cuenta del problema que es mucho más global." El interés de los Mapuche, subraya Alejandro Herrera, tiene que ver con "una demanda histórica y no provocar terror en la zona como aparece constantemente en los medios". Las raíces de las reivindicaciones del pueblo mapuche son profundas pues el estado chileno hasta hoy no reconoció ni tanto menos saldó la deuda histórica con los pueblos originarios.

La carta entregada por el Observatorio Ciudadano a la presidente Michelle Bachelet señala hechos que resultan claramente violatorios de derechos humanos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional, incluyendo la Constitución Política, y en diversos tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile, entre ellos la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura, la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y el Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas. Por lo mismo, continúa la carta, "comprometen la responsabilidad del Gobierno que Usted dirige".

En la misiva se solicita además que el gobierno persiga a los responsables de las violencia teniendo presente la cadena de mando existente al interior de las instituciones policiales, a fin de determinar las responsabilidades que corresponden a los superiores jerárquicos que con su acción u omisión han avalado los hechos denunciados.

La APA apoya la demanda del Observatorio Ciudadano y vuelve a pedir la abrogación definitiva de la ley anti-terrorista, que el estado chileno reconozca ya la deuda histórica con los pueblos indígenas y que por fin comience un serio diálogo con los pueblos originarios en el país.