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Chile / Mapuche

Presos político Mapuche comienzan huelga de hambre para pedir juicios justos y la fin de la ley anti-terrorista

Bolzano/Bozen, 14 de julio de 2010

Protesta mapuche y marcha pacífica a Santiago, Chile, 13.5.2006. Protesta mapuche y marcha pacífica a Santiago, Chile, 13.5.2006.

La Asociación para los Pueblos Amenazados (APA) está muy preocupada por la salud de los presos políticos Mapuche en las cárceles de Concepción y Temuco que el pasado lunes 13 de julio comenzaron una huelga de hambre liquida a tiempo indeterminado. Los presos políticos mapuche piden que ya no sean aplicadas la ley anti-terrorismo (ley 18.314) heredada por la dictadura militar y la justicia militar, ambas utilizadas hoy contra los Mapuche, libertad a todos los presos políticos mapuche y derecho al debido proceso, sin utilización de testigos sin rostros, sin tortura ni extorsión, la fin del utilizo excesivo de la detención cautelar y la desmilitarización de las comunidades y zonas mapuche.

Según la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) existen hoy en Chile 57 presos políticos mapuche (incluyendo 2 menores de edad), sin embargo, al sumarles los procesados con medidas cautelares, la cifra se eleva a 96. La CECT también ha documentado el uso de la tortura en un número importante de las detenciones practicadas.

A pesar de que en 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya condenado Chile por el utilizo de la justicia militar contra civiles, actualmente hay siete Mapuches encarcelados en Concepción que están siendo juzgados simultáneamente por la justicia civil y la militar. Asimismo los acusados mapuche siguen siendo juzgados por la ley anti-terrorista, en clara contravención a las recomendaciones de varias instancias de las Naciones Unidas según las cuales no se puede aplicar la legislación anti-terrorista a la lucha social.

Los presos políticos Mapuche también piden procesos justos, sin el utilizo de testigos son rostro, cuya identidad queda desconocida a los imputados y sus abogados, sin la posibilidad de verificar la credibilidad de los testigos y de sus acusaciones. La práctica de la detención cautelar, que gracias a los muchos aplazamientos de los juicios permite que personas sin proceso queden detenidas hasta años, ya no es una excepción y se convierto, según lo que reporta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a práctica normal aún cuando no es necesaria.

La APA apoya las demandas de los presos políticos Mapuche y pide al gobierno chileno del presidente Sebastián Piñera que el gobierno por fin aplique correctamente e sin condiciones a la Convención ILO 169 así como a la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que respete las recomendaciones avanzadas por los Relatores especiales de las Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas Rodolfo Stavenhagen y James Anaya y que tome seriamente en consideración los principio jurídicos emergidos por los juicios en su contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.